El TSE tratará hoy la denuncia contra el MAS y el Gobierno por encuesta

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La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tratará hoy la denuncia contra el MAS y el Gobierno por la difusión de una encuesta de intención de voto pese a la prohibición electoral y que fue pagada con recursos públicos. La ministra de Comunicación, Gisela López, respondió que no vulneró ninguna norma legal ni electoral.
Por su parte, la presidenta del ente electoral, María Eugenia Choque, confirmó el tratamiento del caso y evitó anticipar algún criterio sobre los alcances del análisis que hará junto a sus colegas de Sala Plena, aunque perfiló que tendrá como base las leyes 018 del Órgano Electoral Plurinacional y 026 de Régimen Electoral.
“No podría adelantar ningún criterio, no puedo darle ningún criterio porque es toda una parte de procedimiento pero si es que se requiere mayor ampliación e información se decidirá en Sala Plena”, explicó escuetamente.
El diputado de la opositora Unidad Demócrata José Carlos Gutiérrez fue quien realizo la denucnia inicialmente por las encuestas que dan como ganador a Morales cuando lo prohíbe la norma electoral. Posteriormente la amplió al Gobierno con el argumento que la difusión del estudio se pagó con recursos público, lo que posteriormente admitió López.
La difusión del estudio se dio en medio del proceso hacia las elecciones primarias del 27 de enero, día en el que los ocho partidos políticos y alianzas habilitadas elegirán a sus respectivos binomios presidenciales. En cada organización solo fue inscrito un binomio.
El artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral prevé sanciones contra quienes difundan resultados de encuestas preelectorales sin estar habilitados por el Órgano Electoral, fuera del plazo fijado por ley o que no cumplan criterios técnicos. Las organizaciones políticas que lo hagan serán sancionadas con la cancelación de su personería jurídica.
López aseguró que la difusión de la encuesta no vulneró ninguna norma legal o electoral, por lo que afirmó que su accionar en este tema está respaldado en normativa vigente.

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