La propuesta por la legalización del aborto en Argentina vuelve a instalarse, por octava vez en el Congreso, ahora como uno de los temas más controversiales de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.

La norma, debatida por primera vez en 2018, fue rechazada por siete votos en el Senado tras obtener una histórica aprobación en la Cámara de Diputados entre multitudinarias manifestaciones que instalaron el pañuelo verde como símbolo de lucha feminista y lamentaron este resultado.

Este año el proyecto se encuentra respaldado con la firma de 15 legisladores de distintos partidos. La propuesta plantea que «en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional».

Más allá de este plazo, las mujeres tienen derecho a interrumpir la gestación «si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante»

Según el artículo 14 del proyecto, se menciona la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente establecidos.

Actividades

Hoy en Argentina se instalarán carpas desde las 15:30 para brindar información sobre el aborto, a las 17:30 habrá un «pañuelazo» en varias ciudades. La presentación de la norma será transmitida por streaming en una pantalla en la capital.

Votación en medio de elecciones

La nueva presentación no es solamente volver con la ofensiva por el reclamo del derecho al aborto, sino presionar en el armado de listas de los partidos y lograr que todo candidato y candidata se pronuncie claramente», dijo a la AFP Victoria Tesoriero, dirigente de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La diputada de izquierda Victoria Donda, una de las que rubrica la presentación del proyecto, consideró necesario «exigirle a los candidatos que aclaren su postura».

«El aborto no es ‘piantavotos’ (espanta votantes), es una cuestión de salud pública», afirmó.

El presidente liberal Mauricio Macri, que buscará su reelección, fue el año pasado el primer gobernante en habilitar el debate parlamentario. Pero se declaró «a favor de la vida», aunque aseguró que si la norma se aprobaba no la vetaría.

La exmandataria y senadora Cristina Kirchner, principal opositora y candidata a la vicepresidencia, que fue renuente a apoyar la ley durante sus dos mandatos de gobierno (2007-2015), votó a favor en 2018.

Su actual compañero de fórmula Alberto Fernández, candidato a la presidencia por el peronismo de izquierda, se ha declarado en favor de la despenalización, aunque sin avanzar en la legalización.

En Argentina, según la ley que rige desde 1921, el aborto es permitido cuando está en peligro la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación, sin precisar las semanas de gestación.

Pero muchos médicos y algunos gobiernos provinciales se resisten a aplicar la ley y  niñas de 11 años han sido obligadas a seguir el embarazo o sometidas a cesáreas por la judicialización de sus casos.

Un informe del privado Centro de Estudios de Población (Cedes), basado en proyecciones estadísticas, estimó que en Argentina se practican unos 450.000 abortos clandestinos cada año que dejan un centenar de mujeres muertas.

Aborto en América Latina

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El aborto en América Latina sólo está totalmente despenalizado en Uruguay, Cuba y Ciudad de México.

En Bolivia de acuerdo al artículo 263 del Código Penal, el aborto está penado. Pero el artículo 266 establece salvedades y señala que las mujeres pueden realizarse un aborto de manera excepcional previa autorización judicial y cumpliendo con las causales.

Sin embargo, la Sentencia Constitucional 0206/2014 señala que el embarazo puede ser interrumpido cuando es producto de un delito de violación, estupro, incesto y se pone en riesgo la salud y la vida de la madre. Aunque en la práctica se evidencia una situación diferente.

En El Salvador, donde la legislación antiaborto es una de las más estrictas del mundo, dos casos recientes provocaron una gran conmoción: los de Teodora Vásquez y Maira Figueroa, dos mujeres que pasaron al menos 10 años en prisión por perder a los hijos que esperaban, antes de ser liberadas. Ambas habían sido condenadas a 30 años de reclusión.

El aborto está prohibido en Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití y República Dominicana, en América. Mientras que es posible sólo en caso de peligro para la vida de la madre en países como Guatemala, Paraguay yVenezuela.

En Brasil, el acceso al aborto está muy limitado -en caso de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto-. La Corte Suprema inició en agosto una serie de audiencias públicas sobre una eventual legislación para permitirlo hasta la 12ª semana de gestación.

En septiembre de 2017, Chile puso fin a 30 años de prohibición total del aborto, ahora autorizado en tres casos: riesgo para la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.

En Estados Unidos, donde el aborto fue legalizado en 1973, el debate sigue vivo entre los «provida» y los «proelección». Después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las restricciones de este derecho tienden a multiplicarse.

Así, Alabama promulgó en mayo una ley que asimila el aborto con un homicidio y que prevé penas de hasta 99 años de cárcel para los médicos, sin excepción en caso de violación o de incesto. Kentucky, Misisipi y Misuri también restringieron el acceso a la IVE.

Fuente: AFP.

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