El 6 de junio de 2005, después de 20 meses como presidente de la República de Bolivia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Carlos de Mesa, presentó su renuncia irrevocable a su mandato bajo el argumento de “no haber sido capaz de conducir” al país.

Ese día, el ahora candidato a la presidencia del Estado Plurinacional por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), se dirigió a la población nacional a través de los medios de comunicación para anunciar su determinación: “He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de Presidente Constitucional de Bolivia. Quiero (…) expresarle a la patria mi disculpa si no he sido capaz de conducirla adecuadamente”, sostuvo.

Al recordar ese hecho, el diputado del MAS-IPSP Franklin Flores dijo que de Mesa actuó con cobardía porque dejó al país a «su suerte, en un periodo político, social y económico crítico».

En tanto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo a la red Patria Nueva en febrero de este año, que con la renuncia de Carlos de Mesa se “selló el fracaso del neoliberalismo” y calificó al gobernante como “campeón de la renuncia”, porque dimitió en varias oportunidades.

Después que Gonzalo Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos por la ola de protestas y muertes que desató la Masacre de Octubre de 2003, de Mesa asumió la Presidencia. Sin embargo, en abril de 2005 manifestó su primer intento de abdicación.

Quintana señaló que el expresidente no pudo contener los conflictos “catastróficos” por los que atravesaba el país debido a que decidió continuar con la política de la “mendicidad y sumisión” al imperio estadounidense.

“Después de esos fracasos como mejor alumno del neoliberalismo y de su gobierno al que renunció en sucesivas ocasiones, es que ahora de Mesa encuentra en la candidatura a la presidencia una opción para enmendar esos errores”, opinó.

En criterio del ministro Quintana, el candidato por CC “encarna la expresión psicológica del fracaso histórico” y que ahora se resiste a pasar “a la historia siendo un soberano fracasado”; a pesar de que en el último tiempo pregona ser un defensor de la soberanía, una persona de ética y transparente.

Al respecto, el periódico digital La Voz de Tarija listó algunas de las acciones que tomó de Mesa durante su Gobierno, que contradicen su discurso actual:

Sobre la defensa de la soberanía patria

En la gestión de Carlos de Mesa (2003 – 2005), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos instaló oficinas, equipos y sistemas de comunicación en el Palacio de Gobierno con el nombre de Unasep (Unidad de Análisis de Seguridad Presidencial).

A pocos días de haber asumido la presidencia, de Mesa solicitó al entonces presidente del Congreso Nacional, Hormando Vaca Diez, que apruebe la “inmunidad” a favor de los ciudadanos norteamericanos, para todos aquellos que cumplan o hayan cumplido funciones para los Estados Unidos. Con esta resolución los estadounidenses no podían ser llevados a los tribunales de justicia y menos procesados como corresponde por la comisión de delitos en nuestro país, salvo consentimiento expreso del Gobierno norteamericano.

En 2005, el ahora candidato de CC se negó a promulgar la Ley 3058 de Hidrocarburos, en clara obediencia a las transnacionales petroleras y a la embajada de Estados Unidos, que se oponían a la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Fue por esa razón que Vaca Diez promulgó la norma en su afán de apurar la caída de Mesa y asumir la presidencia por sucesión. Y efectivamente eso ocurrió, porque a pocos días de promulgada esa ley, el presidente De Mesa renunció, aunque Vaca Diez no fue electo presidente.

Respecto a la transparencia

El 31 de enero de 2004 Carlos de Mesa aprobó el Decreto Supremo N° 27345, que establecía la quema de los archivos de los denominados Gastos Reservados.

El artículo 10 de ese decreto señalaba lo siguiente: “La documentación presentada en la rendición de cuentas será clasificada como ‘secreta’. Los documentos que prueben la erogación de los gastos bajo la partida Gastos Específicos–Gastos Reservados, que sean aceptados por el Contralor, deberán ser destruidos o incinerados por éste en presencia del Ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en acta de este hecho”.

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